¿Por qué las políticas públicas tienen enfoques? En el contexto de la formulación de este instrumento de planeación, la respuesta a la pregunta se sustenta en la necesidad de poner foco en un asunto puntual (en este caso en la educación), y lograr una comprensión amplia y compleja de las realidades, situaciones y necesidades sociales, de tal forma que el Estado pueda ofrecer respuestas adecuadas.[1]
Según este criterio, los enfoques se articulan sin necesidad de contraponerse o de que uno esté por encima o primero que otro. De lo que se trata es que las miradas sobre el problema social que se aborda se integren y posibiliten acciones integrales.
El objetivo en este aparte es presentar de manera descriptiva los enfoques en los que se fundamenta la política pública educativa (PPE) del distrito de Cartagena. El análisis parte del enfoque de derechos humanos, que tal como lo señala Jiménez (2007) “puede ser entendido como una nueva perspectiva para concebir y diseñar políticas públicas tendientes al desarrollo humano en el marco de un proceso de concertación entre Estado y sociedad civil”.
Esta perspectiva ayudará a comprender las relaciones e integralidad con el resto de los focos de atención del proyecto en cada una de sus etapas, como son los enfoques de género, poblacional, diferencial, territorial y ambiental.
Enfoque de derechos humanos
Los estudios sobre las relaciones entre derechos humanos y políticas públicas son relativamente recientes[2] y su evolución va de la mano de la ampliación de la forma en que se conciben los derechos en su clasificación tradicional[3] y la visión según la cual la adopción de políticas públicas por parte del estado contribuye a concretar los DD.HH. en la práctica.
Peña (2008) resalta que, independientemente de su objeto, las políticas públicas influencian la realización de los derechos humanos y son un vehículo para transformar las demandas de derechos en reglas y prácticas sociales que le permitan a los estados cumplir con sus obligaciones internacionales en ese ámbito. A su vez – agrega Peña– “los derechos humanos deben inspirar a las políticas públicas y requieren acciones afirmativas de los estados, y por ende, políticas públicas que favorezcan su reconocimiento, respeto y realización”.
Dos principios centrales de los DD.HH. aplicados al enfoque basado en derechos, que se insertan en la PPE, son la igualdad y no discrinación y la participación e inclusión[4]. Según el primero, todas las personas gozan de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo (raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición social); mientras que de acuerdo con el segundo los seres humanos “tienen derecho a la participación activa, libre y significativa; a la contribución, y al goce del desarrollo civil, económico, social, cultural y político”.
En la práctica esto indica que la participación no debe reducirse a consultas ocasionales, sino que implica acciones concretas que garanticen que las personas expresen sus opiniones y demandas a través de procesos genuinos de toma de decisiones que los involucren.
En ese contexto, y tal como lo sugiere la Guía para la formulación e implementación de las políticas públicas del Distrito de Bogotá, “las políticas públicas permiten que las personas sean vistas y tratadas en su dimensión ciudadana, y por lo tanto puedan exigir de forma individual y colectiva, la garantía, el ejercicio y el cumplimiento de esos derechos”.
Enfoque de género
El Estado, a través de las políticas públicas es clave en la construcción de sociedades igualitarias[5]. En ese contexto, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas tiene como propósito “visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades de género, a través del compromiso explícito del Estado de revertir las desigualdades presentes en la sociedad; asimismo, transformar las relaciones de género”[6]. La incorporación de este enfoque también busca incrementar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas; mejorar la focalización de las acciones, promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia.
Enfoque poblacional-diferencial
El enfoque diferencial centra la atención en la diversidad de las personas que habitan un territorio, permitiendo comprender dinámicas de discriminación y exclusión social. Por su parte, el poblacional visibiliza a los grupos poblacionales y sectores desde lo colectivo, advirtiendo las posibles situaciones de exclusión y desigualdad en la garantía de sus derechos. La comprensión e incorporación de estos enfoques en las diferentes etapas de la política pública es clave para definir acciones de transformación basadas en la equidad.
La caja de herramientas elaborada por la Secretaría de Planeación de Bogotá D.C., como guía para la formulación e implementación de políticas públicas propone las siguientes categorías de análisis para el enfoque poblacional diferencial:
y el diferencial parte de esto y entra a profundizar en las particularidades dentro de los grupos y sectores, a la vez que realiza análisis interseccionales. Es así como los dos enfoques se aplican conjuntamente para garantizar que estas personas tengan acceso efectivo a todos los servicios y atenciones en el distrito, con el fin de lograr el goce efectivo de sus derechos.
Grupos etarios: infancia y adolescencia, juventud, adultez, envejecimiento y vejez
Grupos étnicos: indígenas, raizales, afrodescendientes, palenqueros, Rrom
Situación o condición: personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. La PPE de Cartagena incorpora en esta categoría a la población migrante y retornada.
Orientaciones sexuales e identidades de género: Población LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer, más colectivos que no están incluidos en las anteriores).
La guía subraya el concepto de interseccionalidad, definida como una herramienta que permite abordar cómo viven las personas múltiples discriminaciones y opresiones. Así mismo, ayuda a entender cómo, conjuntos diferentes de identidades, influyen en el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades.
Enfoque territorial
Los problemas sociales que procuran mitigarse con las políticas públicas ocurren en territorios específicos, dinámicos y en contextos históricos particulares. En ese sentido, toda herramienta de planeación debe recurrir a un análisis a fondo de las particularidades del territorio (geográfico, poblacional, social, político, económico, cultural, ambiental, etc.), para diagnosticar los puntos críticos y proponer intervenciones pertinentes, flexibles e integrales, que como lo señala Umaña (2017), “incluyan activamente a sus pobladores y generen las capacidades necesarias para que los propios territorios puedan gestionar su desarrollo, y a su vez, se superen las intervenciones sectoriales y poblacionales, para enfocarse en unas que tengan como su nombre lo dice un enfoque más territorial”[7].
La citada Caja de Herramientas de la Secretaría de Planeación de Bogotá propone analizar, en la formulación de la política pública, los siguientes componentes territoriales: Jurisdicción (Un territorio definido), segregación socio espacial (zonas con déficits en la oferta de servicios institucionales como educación, salud, seguridad, servicios públicos, equipamientos urbanos, etc.), ciudad urbana y ciudad rural, ciudad-región y ciudad-región global.
Enfoque ambiental
El cuidado y la conservación del medioambiente son hoy un compromiso global que se expresa claramente en los ODS, establecidos por la ONU en 2015 como una serie de acciones globales interconectadas para lograr un futuro sostenible (ONU, 2015). Al menos siete (7) objetivos de la Agenda 2030, como también se les conoce, están relacionados con el tema ambiental: Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumos responsables (ODS 12), Acción por el clima (ODS 13), Vida submarina (ODS 14) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
La relevancia del tema ha hecho insoslayable su incorporación a la agenda de los gobiernos en todos sus niveles (nacional, territorial, local), y como consecuencia de ello el enfoque ambiental toma protagonismo en las políticas públicas. En Colombia el derecho a un medioambiente sano tiene rango constitucional (Artículo 79 de la Constitución) y cuenta con desarrollo normativo para hacer efectivo ese derecho (Giraldo, 2016).
En el caso de Cartagena, y de su proyecto de PPE, esta perspectiva adquiere una gran relevancia tomando en cuenta la riqueza ambiental y la variedad de problemas de este orden en la ciudad, y que la escuela es un espacio ideal para liderar procesos orientados a formar ciudadanos/as con conciencia crítica sobre los problemas ambientes, y a desarrollar prácticas educativas que contribuyen al desarrollo sostenible.
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[1] Guía para la formulación e implementación de las políticas públicas del Distrito (Bogotá, 2017)
[2] En su ensayo “El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas”, Jiménez (2007), sitúa los primeros esfuerzos investigativos en la región a comienzos de la década de 2000, liderados por académicos y promotores de derechos humanos.
[3] El concepto de derechos humanos se ha ampliado progresivamente, adquiriendo nuevos alcances. La teoría de las generaciones, la más conocida, y que, en palabras de Jensen, 2017, “se convirtió en parte del vocabulario estándar que describe la historia y los contenidos del marco de los derechos humanos”, está basada en un enfoque periódico no exento de críticas. Ésta divide los derechos humanos en tres grupos, con base en: a- Los derechos civiles y políticos; b– los derechos económicos, sociales y culturales, y c– los derechos colectivos o de solidaridad.
[4] Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en los Programas de Desarrollo: Experiencias del PNUD (NY, 2012).
[5] Para la ONU, la igualdad de género es un derecho humano fundamental y uno de los ejes para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es el ODS número 5.
[6] Solar y Ochoa (2011) Género y políticas públicas: ¿camino a la transversalización? Revista Germina https://germina.cl/secciones/publicaciones/articulos/genero-y-politicas-publicas-%C2%BFcamino-a-la-transversalizacion.
[7] Umaña, Milena, 2017. ¿Qué ha pasado con el enfoque territorial en Colombia? La Silla Vacía https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/que-ha-pasado-con-el-enfoque-territorial-en-colombia-#:~:text=El%20enfoque%20territorial%20en%20la,necesarias%20para%20que%20los%20propios